I. INTRODUCCIÓN
La intervención de abogado y procurador constituye, con carácter general, un presupuesto de postulación preceptivo en el ordenamiento procesal civil español para la válida constitución de la relación jurídica procesal y la efectividad del derecho a la tutela judicial sin indefensión (art. 24 CE). Sin embargo, la naturaleza jurídica del vínculo que une al abogado con su cliente difiere sustancialmente de la representación procesal que ejerce el procurador de los tribunales. Mientras la actuación del procurador se configura como un apoderamiento procesal formal sometido a reglas estrictas de cese y permanencia temporal (art. 30 LEC), la relación entre el abogado y su cliente reposa de forma inherente en la confianza recíproca (intuitu personae) y se articula privadamente como un contrato de arrendamiento de servicios profesionales (art. 1544 del Código Civil).
En este contexto, la decisión sobrevenida del letrado de renunciar a la dirección técnica del asunto plantea un complejo problema procesal: la tensión entre la libertad contractual y deontológica del profesional para poner fin al encargo y la necesidad del proceso de continuar sus trámites con sujeción a los principios de preclusión, seguridad jurídica e improrrogabilidad de los plazos procesales.
Como ha puesto de relieve la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, la renuncia del abogado —si bien es un derecho respaldado por la normativa profesional y deontológica— no despliega efectos suspensivos automáticos sobre el procedimiento civil ni se asimila a un supuesto de fuerza mayor. A diferencia de lo que acontece en el orden penal en la fase de plenario o en la renuncia del procurador, la renuncia letrada en el proceso civil es procesalmente irrelevante respecto del cómputo de los plazos del tribunal y de la parte contraria, recayendo exclusivamente sobre el litigante la carga procesal de mantener en vigor su dirección técnica.
