Se ha vulnerado el derecho al honor del exesposo al difundir indiscriminada la exesposa por correo electrónico y whatsApp un artículo periodístico que informa sobre la denuncia contra el cónyuge del que se está separando, que dio lugar a una orden de protección, cuando en tal denuncia se ofreció una información sesgada y parcial sobre los hechos, de modo que el denunciado no solo fue absuelto, sino que también se condenó en costas a la denunciante, constituida en acusación particular, por temeridad y mala fe.
D.ª Natalia y D. David estuvieron casados desde el 27 de junio de 2003 hasta el 16 de enero de 2017, en que se dictó la sentencia de divorcio, si bien la ruptura conyugal tuvo lugar en abril de 2015. La crisis conyugal no fue pacífica y los litigantes cruzaron diversas denuncias entre sí.
El 9 de junio de 2015, la Sra. Natalia formuló una denuncia penal contra el Sr. David, que provocó la detención de este, si bien ese mismo día el procedimiento penal se sobreseyó y archivó y el Sr. David fue puesto en libertad sin cargos. El 10 de septiembre de 2015, la Sra. Natalia interpuso otra denuncia penal contra el Sr. David, que provocó la incoación de un procedimiento penal contra este por los delitos de hostigamiento en el ámbito familiar, contra la integridad moral y de coacciones, en el que la Sra. Natalia obtuvo una orden de protección frente al Sr. David.
El 8 de octubre de 2015, el diario digital El Confidencial había publicado un artículo en el que se recogía la interposición por la Sra. Natalia de la denuncia contra el Sr. David el 10 de septiembre anterior y la adopción de la orden de protección, bajo el título “Un imputado de la trama Gürtel, denunciado por acoso y amenazas a su exmujer”.
Pocos días después de esta publicación, la Sra. Natalia remitió una copia del artículo publicado en El Confidencial mediante correo electrónico a 177 destinatarios, y lo distribuyó también en dos grupos de Whatsapp que creó bajo los títulos … y …. Algunas de estas personas a las que envió la copia del artículo no tenían relación con la remitente, aunque los destinatarios sí tenían relación con el Sr. David.
Celebrado el juicio, en el que la Sra. Natalia intervino como acusación particular, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Móstoles dictó el 10 de abril de 2017 una sentencia en la que absolvió al Sr. David y condenó a la Sra. Natalia, que se había constituido en acusación particular, al pago de las costas “por mala fe y temeridad”.
David, interpuso demanda de juicio ordinario contra D.ª Natalia, en la que solicitaba se dictara sentencia en la que se declare que la demandada, Doña Natalia ha llevado a cabo una Intromisión Ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen de mi representado, mediante los actos concatenados descritos en la presente demanda, consistentes en denunciar falsamente al Sr. David de maltrato y violencia de género y obtener una orden de alejamiento utilizando esa falsedad; difundir esa situación procesal públicamente, a través de un medio de comunicación digital, y enviar, mediante correo electrónico masivo y la creación expresa de grupos de WhatsApp, la citada noticia a destinatarios directamente vinculados con el Sr. David, como amigos, clientes, proveedores y personas relacionadas con su profesión de abogado de familia. Y en virtud de ello, se condene a Doña Natalia la pago de una indemnización de 280.000 euros.
El Juzgado desestimó la demanda, pero tras el recurso de apelación interpuesto por D. David, la Audiencia Provincial dictó Sentencia declarando que la demandada ha vulnerado el derecho al honor del demandante al divulgar a los contactos del mismo de manera masiva mediante correo electrónico y dos grupos de WhatsApp la noticia que se hacía eco de la imputación del actor por un delito de acoso según la denuncia sesgada que ella habría interpuesto, y condenándola al pago de 3.000 euros.
D.ª Natalia interpuso recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo.
Entre las razones que justificaron la estimación del recurso de apelación pueden destacarse las siguientes:
- “Es en la denuncia de 10 de septiembre de 2015 donde sitúa esencialmente el demandante la instrumentalización del proceso penal por la demandada con la finalidad de perjudicarle personalmente y en el divorcio y las medidas derivadas del mismo; esta denuncia es la que dio lugar a la orden de protección a favor de la demandada, y fue esta denuncia la que pocos días después pasa al artículo periodístico que es el que la demandada divulga entre contactos del actor, también de forma inmediata y de manera que ciertamente no respeta la presunción de inocencia del allí denunciado ni su posición extraprocesal dada la amplitud de la divulgación y sus destinatarios, al menos algunos ni siquiera conocidos de la demandada como puso de relieve una de las testigos en el acto del juicio. […]
- ” Desde luego la absolución del denunciado no implica que la denuncia fuera falsa y no se ha seguido proceso alguno por este hecho, y es verdad también que el pronunciamiento sobre la temeridad que se declara se hace en el ámbito de la condena en costas, pero no quiere ello decir que dicha temeridad no tenga ninguna relación con los hechos denunciados pues obviamente la tiene sobre la base en la que incide la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS del injustificado sometimiento a un proceso penal; como señala la Audiencia al rechazar el recurso que discutía la temeridad, la presunta víctima ofreció “… una información sesgada y parcial, tanto en ese aspecto, como en el resto de los ilícitos que refería, esencial a la hora de calificar los hechos, reflejando el conjunto de la documental aportada con la lectura de todos los documentos incorporados, que se ha ido completando por la defensa, la temeridad de sus pretensiones acusatorias”. Denunciar sentirse acosada por la recepción en dos meses de más de sesenta correos electrónicos del denunciado, del que se había divorciado la demandada, ocultando en la denuncia que en ese periodo de tiempo ella misma contestaba los correos y enviaba otros, aun en mayor número, llamaba reiteradamente por teléfono a su exesposo a veces de madrugada, y nunca pidió que cesará la comunicación, es alterar conscientemente la realidad para hacerla coincidir con la tesis acusatoria que se despliega, siendo la propia actividad de la denunciante la que evita su consideración de víctima e impide la tipicidad de la acción tal y como desarrolla la sentencia del juzgado de lo Penal de 10 de abril de 2017. Este es el motivo de que se declare su temeridad en la imposición de costas y ello necesariamente afecta a la debilidad de la base fáctica que pretende justificar la actividad desplegada por la demandada. […]
- “Es cierto que no puede hablarse de denuncias falsas en las antes relatadas, pero si hay una clara manipulación de aquello que se denuncia para omitir datos esenciales de la realidad denunciada que sin duda de conocerse en su momento pudieran haber impedido la continuación del procedimiento penal contra el allí denunciado, sin que pueda quitarse importancia a la aflicción de la imputación penal y más aún por un tema relacionado con la violencia de género; y se aprovecha la publicación de un artículo periodístico que se hace eco de la imputación para divulgarlo a multitud de personas, algunas no relacionadas con la demandada, lo que no puede tener otro sentido que el de difamar al actor y extender lo más posible el conocimiento de una imputación que la demandada sabía que se fundaba en sus propias voluntarias omisiones de la realidad de la completa y tormentosa relación existente entre las partes. […] la divulgación de ese artículo a personas relacionadas con el actor, en las circunstancias puestas de manifiesto, tiene el sentido de afectar su reputación y su valoración personal y determina la vulneración de su derecho al honor, sin que pueda justificarse en modo alguno por las recomendaciones que le hiciera la policía o el contenido del Plan de Seguridad Personalizado, doc. nº 12 de la contestación a la demanda”.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 de abril de 2024, desestimó el recurso de casación razonando que:
“La conclusión alcanzada en la sentencia recurrida en el sentido de que la conducta de la demandada vulneró derecho el honor del demandante no enjuicia la legitimidad del artículo de prensa ni está basada en que la hoy demandada formuló una denuncia contra el hoy demandante. El motivo por el que se ha considerado que se produjo esa vulneración consistió en que la recurrente difundió entre un gran número de personas que conocían al demandante (algunas de ellas no conocían siquiera a la demandada) una información sobre un hecho (la iniciación de un procedimiento penal contra el demandante con adopción de medidas cautelares de protección de la víctima) que la propia demandada había provocado injustamente al formular una denuncia y realizar una declaración ante el juzgado de violencia sobre la mujer en las que ofreció una información que la sentencia de la Audiencia Provincial que resolvió de forma definitiva el proceso penal calificó como “sesgada y parcial”, por la ocultación de hechos muy relevantes que desactivaban la acusación, y que motivó no solo la absolución del denunciado, el hoy demandante, sino también que se condenara en costas a la denunciante y acusadora particular, la hoy demandada, por mala fe y temeridad.
La justificación esgrimida por la demandante de que esa difusión del artículo periodístico la hizo por estar prevista en el “Plan de Seguridad Personalizado” carece de base, no solo por las circunstancias concurrentes en la denuncia a las que se ha hecho referencia, que determinaban su inconsistencia, sino también porque se trató de una difusión indiscriminada entre las personas cercanas al demandante (clientes, familiares, amigos) y, por tanto, completamente ajena a una finalidad de protección de la denunciante, mientras que ese plan lo que prevé es que la denuncia se comunique a vecinos de confianza, centro escolar de los hijos y responsable del centro de trabajo con una finalidad clara de protección de la víctima.
El hecho de que el demandante esté imputado en un proceso penal, que pueda tener una exposición pública por tal razón, no le priva de su derecho fundamental al honor ni justifica que pueda ser difamado por la difusión indiscriminada entre las personas de su entorno, por parte de la denunciante, hoy demandada, de información sobre una imputación penal provocada por esa “información sesgada y parcial” facilitada por la hoy demandada en su denuncia y declaración ante el juzgado de violencia sobre la mujer.
Por último, la doctrina contenida en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo parcialmente transcritas en el último motivo del recurso versa sobre cuestiones ajenas a las que son objeto de este litigio.
En conclusión, la ponderación realizada por la Audiencia Provincial entre los derechos y bienes jurídicos en conflicto ha sido correcta por lo que el recurso debe ser desestimado y la sentencia de la Audiencia Provincial debe ser confirmada”.
