La conducta del padre -caracterizada por un grave y continuado incumplimiento de los deberes de alimentos y guarda, exposición persistente de la menor a episodios de violencia de género, desatención a evaluaciones psicosociales y posterior ingreso en prisión- constituye un incumplimiento grave y voluntario de la función parental que exige la privación de la potestad en garantía del interés superior de la menor. El mero afecto o deseo abstracto del padre de mantener contacto no prevalece sobre el daño emocional causado a la menor y su rechazo categórico a relacionarse con él.