Procede la remoción del curador en su función representativa (aunque se mantiene como curador personal) dado que no pidió la preceptiva autorización judicial para realizar un préstamo de 50.000 euros a una hermana de la discapacitada del que resta por devolver la cantidad de 20.212 euros, por lo que concurre un claro conflicto de intereses entre las hermanas que impiden su nombramiento como curadora. Para dicho cargo se nombra a la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.