El requisito de negociación previa carece de finalidad práctica pues la demandante solo solicitaba la disolución matrimonial, sin pretender medidas sobre hijos (por no tenerlos), ni pensiones o uso de vivienda, tras años de separación. Dado que el estado civil solo puede ser modificado por autoridad competente y no hay efectos patrimoniales que negociar, exigir un medio de solución extrajudicial sería un formalismo excesivo.