La crisis económica ha provocado que, cuando llega el momento de fijar la pensión alimenticia de los hijos en casos de divorcio, los juzgados y tribunales, o los abogados cuando redactan el convenio regulador, se encuentren con situaciones en que los padres carecen de ingresos o bien estos se limitan a las ayudas públicas.

Desde el año 2009 se ha venido implantando en los juzgados y Audiencias Provinciales lo que ha venido a denominarse «el mínimo vital» que fijaba el límite por debajo el cual era inadmisible fijar la cuantía de la pensión alimenticia. El problema es que en cada juzgado y en cada Audiencia Provincial ese límite vital era diferente.