El procedimiento de ejecución de sentencia es uno de los más complicados que se tramitan en los Juzgados de Familia por dos motivos fundamentales. Por un lado, hay que lamentar que el legislador solo ha dedicado a la ejecución específica de los pronunciamientos de familia el art. 776 de la Lec, por lo que para el resto de cuestiones que se pueden plantear habrá que seguir los trámites previstos en el libro tercero de la Lec para la ejecución forzosa (arts. 517 y ss de la Lec) que evidentemente no se adaptan en muchas ocasiones a las cuestiones que surgen en estos procedimientos. Por otro, lado, la circunstancia de que no se admitan recursos de casación contra los Autos dictados por las Audiencias resolviendo incidentes de oposición a la ejecución nos priva de una doctrina del Alto Tribunal que unifique los criterios contradictorios de las Audiencias Provinciales.
La enorme problemática que genera la fase de ejecución de Sentencia ha hecho necesario que dediquemos dos volúmenes a analizar todas las cuestiones que se presentan en la práctica diaria.
En este segundo volumen, se va a analizar el incumplimiento de las medidas de carácter económico: la atribución del uso de la vivienda familiar, los gastos extraordinarios, y el impago de la pensión alimenticia y compensatoria.
